Durante la década de 1990 primó una estrategia de gestión del desarrollo rural focalizada, asentada en un conjunto de programas insulares, mayoritariamente dependientes de diferentes fuentes de financiamiento externo. En su ejecución, predominó la perspectiva del territorio y los actores locales priorizando una concepción en la que el Estado nacional tenía un rol subsidiario y compensatorio, y las políticas sectoriales eran consideradas innecesarias. El propósito general de este trabajo es realizar una revisión comparativa de esa perspectiva a partir del cambio de paradigma político económico iniciado en 2002, estableciendo continuidades y rupturas, poniendo especial atención a los cambios en la concepción del rol del Estado y las capacidades generadas para asumir un rol central en el desarrollo rural.