En Argentina, la implementación la nueva Ley de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia de octubre de 2005 ha modificado el dispositivo jurídico-burocrático destinado a su protección. Dicha normativa fijó restricciones a la intervención judicial y otorgó mayores competencias a los organismos administrativos. Asimismo, estableció que la práctica de separación de los niños de su medio familiar sería utilizada como último recurso. A partir de un trabajo de campo etnográfico realizado en el organismo administrativo de protección de la infancia de la Ciudad de Buenos Aires, durante los años 2007 y 2008, este artículo propone reflexionar sobre el tratamiento institucional desplegado particularmente ante los casos de “negligencia”. Haciendo foco en su dimensión moral, el mismo analiza las interpretaciones que los profesionales realizan de estas situaciones y los dilemas éticos que la institucionalización plantea en estos casos.